Pin parental y diversidad obligatoria
Lo
que se plantea en el caso del pin parental de la Comunidad de Murcia es que los
padres sean informados de las actividades complementarias organizadas en los
centros e impartidas por personal ajeno al claustro, para que puedan dar o no
su conformidad a que sus hijos participen en el caso de que afecten a sus
convicciones. Tampoco sería algo excepcional, ya que hoy día se pide la
autorización de los padres para asuntos mucho menos importantes, desde la
asistencia a una excursión escolar hasta para hacer una foto al niño.
Aunque
la orden del gobierno de Murcia se refiere a actividades en general, toda la
polémica se ha centrado en los talleres sobre “diversidad afectivo-sexual” impartidos
por asociaciones LGTB, muy activas en este campo. La insistencia de estas
asociaciones en mantener estas actividades para todos los alumnos hace
sospechar que están utilizando este cauce para difundir su particular visión de
la sexualidad a un público escolar cautivo.
De hecho, ellas
mismas lo reconocen y exigen. En un comunicado de hace algunos meses, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB),
declaraba que “las consejerías de Educación tienen la obligación de garantizar
que todo el alumnado, independientemente de la opinión
de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como
proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de
acceso a información motivada por la LGTBIfobia”. Por lo visto, no se puede
confiar mucho en las familias.
Esta
educación en la diversidad “afectivo-sexual, familiar y de género” se presenta
como un modo de luchar contra la homofobia y el acoso en la escuela, asunto que
convendría confiar a expertos como la propia FELGTB. Pero para promover el
respeto a todas las personas de cualquier orientación sexual no hace falta
compartir las ideas de diversidad sexual propias de estas asociaciones. Hoy día
en que se habla tanto del respeto a los distintos tipos de familia, habría que
respetar también a las familias que tienen una visión distinta de la
sexualidad.
Hay
muchos padres, de derechas y de izquierdas, que no quieren que en la escuela se
inculque una visión de la sexualidad y de la afectividad contraria a lo que se
enseña en casa. Ni que la escuela pública se utilice como altavoz de una
ideología de género, que debe ganarse sus adeptos en libre debate en la arena
pública, no transmitida como doctrina oficial en los centros educativos.
Para
ningunear a los padres en este asunto, algunos invocan “el interés superior del
menor”, que exigiría recibir esta enseñanza –impartida por ellos, claro está–
para garantizar “su derecho a saber”. Pero ¿qué diríamos si la Iglesia católica
se empeñara en que la clase de religión fuera obligatoria para garantizar el
derecho a saber de todos los alumnos en materia religiosa y superar así la
fobia antirreligiosa de algunos?
En
realidad, los padres que se resisten a ser dejados de lado en este asunto no
están en contra de que sus hijos reciban una educación afectivo-sexual, sino de
que se les enseñe con criterios que no comparten. Y sin duda conocen más a su
hijo y están más interesados en su bienestar que los políticos y los activistas
que pretenden saber mejor lo que le conviene.
Es
verdad que los hijos no son propiedad de los padres, como tampoco de los
políticos ni de los profesores. Pero es a los padres a los que la Constitución
española garantiza el derecho a “que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y parece que la
concepción de la sexualidad no es ajena a la moral.
Para
descalificar la idea del pin parental, el gobierno habla de “veto”, de censura
al profesorado. Pero la petición de que no se adoctrine a los hijos en la
escuela en materias éticas controvertidas no supone un veto, sino una exigencia
de neutralidad ideológica. Cuando estamos ante un público obligado, como es el
de la escuela, hay que cuidar especialmente la objetividad y el respeto a las
distintas sensibilidades. La censura existe cuando para defender una doctrina oficial
se privilegia una sola voz y se excluye como “fobia” cualquier otra que pueda
cuestionarla. Y todo indica que en muchas escuelas esta «educación en la
diversidad» parece subcontratada con asociaciones LGTB.
Es
fundamental que haya confianza entre el profesorado y las familias. Los padres
no tienen por qué inmiscuirse en temas propiamente académicos. Pero eso exige
también que la escuela pública no se convierta en caja de resonancia de
ideologías de ningún género, y que respete la diversidad de convicciones que
hoy se da entre las familias.
Ignacio Aréchaga
Comentarios
Publicar un comentario